Son numerosas las voces que, con mayor o menor comprensión de las causas que provocan los siniestros, se alzan a favor de tomar medidas conducentes a detener esta hemorragia de vidas que no cesa. Como así también hay quienes desde tribunas audiovisuales masivas, critican con ignorancia digna de mejor causa, a funcionarios o actores de la temática vial.

La libertad de expresión es un derecho inalienable y dar a conocer lo que se hace mal es un deber moral, pero todo ello debe hacerse con responsabilidad y datos fehacientes, porque de lo contrario se reproduce lo que aparentemente se quiere contrarrestar y se envía un mensaje a la sociedad donde pareciera que todo está mal y decididamente no es así.

Hay instituciones con competencias específicas, encargadas de legislar, controlar y juzgar respectivamente. La concurrencia de jurisdicciones en esta materia, comprende ámbitos nacionales, provinciales y municipales, dispersando en más de 2.000 entes gubernamentales las atribuciones sobre tránsito, y aun con el alto gran grado de heterogeneidad que cabe suponer, pueden hallarse numerosas muestras de avances significativos en la materia.

Mirando en retrospectiva, hemos avanzado significativamente pero no tanto como necesitamos obviamente, dado el amesetamiento en cantidad de decesos anuales, que deberíamos repensar estrategias y reformular políticas públicas que nos hiciesen avanzar en la lucha a favor de la seguridad vial.

Trabajar con mayor intensidad los aspectos normativos, adaptándolos a las realidades cambiantes de nuestro contexto socioeconómico, brindando respuestas para obtener la finalidad pedagógica dela pena, dimensionar y determinar destinos de los resultados económicos de las sanciones, intensificar los controles electrónicos de velocidad y de instancias recurrentes como semáforos, pasos a nivel, túneles, etc., con operadores técnicos de reconocida solvencia, capacitando al personal encargado de la aplicación de la ley, robusteciendo las instancias de juzgamiento de las infracciones que son la antesala de los siniestros y aun de los delitos viales.

Hay instituciones gubernamentales y privadas, organizaciones no gubernamentales, técnicos, divulgadores, investigadores y capacitadores en la temática vial que, durante años han venido difundiendo sus conocimientos y acciones, como así también trabajando en el campo, y que no deberían estar ausentes de una nueva política integradora, abierta y federal en esta materia, que convocase en forma univoca a la responsabilidad individual de la ciudadanía.

Como muestra de esta voluntad nuestra institución, que en función de la responsabilidad que tenemos como organismos jurisdiccionales sobre infracciones de tránsito, desde hace ya mucho años viene divulgando las conductas deseables , ha realizado en conjunto con el ISEV y CECAITRA dos foros de Políticas Publicas en Seguridad Vial y recientemente establecimos líneas de acción con el Consejo de Victimas de la provincia de Buenos Aires, en pro de aunar acciones para combatir la pandemia estable de nuestro país, convocando y participando con todos aquellos que han realizado acciones conducentes y de eficacia comprobada en el pasado.

Las pérdidas de vidas humanas, las lesiones y los bienes materiales que podremos preservar disminuyendo la siniestralidad, justifican que hagamos nuestros mejores esfuerzos, removiendo obstáculos y preceptos culturales que demandan nuevos conceptos para una situación que se encuentra entre las que más afecta a la salud pública.

Fuente: https://www.lapoliticaonline.com/nota/carlos-rey-la-pandemia-agazapada/