Vacaciones y fotomultas: la ubicación exacta de 149 radares en las principales rutas del país
17de Diciembre de 2018
Vacaciones y fotomultas: la ubicación exacta de 149 radares en las principales rutas del país
La Agencia Nacional de Seguridad Vial y órganos provinciales y municipales de Buenos Aires desplegarán un plan de radarización en los principales corredores turísticos del país. El apartado de las rutas a la Costa Atlántica tiene 54 dispositivos asignados para medir los excesos de velocidad
Viajar a una velocidad mayor que la permitida es uno de los principales factores de siniestralidad. Lo certifica la Organización Mundial de la Salud (OMS): el exceso de velocidad significa el mayor drama en seguridad vial en el mundo. Lo corroboran las estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV): en enero y febrero del año pasado, el 84% de las multas labradas fueron por no respetar las velocidades máximas, y en el mismo período de 2016 el porcentaje fue apenas superior con un 84,5% del total de las infracciones sancionadas.
En la primera quincena de enero de 2018 la ANSV registró 180.105 vehículos y labró 2.862 actas de infracción: el 64% de las multas las recibieron conductores que excedieron los límites de velocidad estimados. La tendencia se prolonga al primer bimestre del año en simultáneo a la apertura del período vacacional y la invasión de las ciudades turísticas del país. A efectos de educar y concientizar sobre los peligros en la conducción y para atacar la alta siniestralidad en las rutas argentinas, las entidades gubernamentales montaron un programa de radarización.
Las rutas del territorio nacional contarán este verano con al menos 149 cinemómetros, dispositivos diseñados para medir en tiempo real la velocidad de un vehículo. De ellos, 95 fueron distribuidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en las principales rutas nacionales del país y los otros 54 han sido colocados por entidades provinciales y municipales en el corredor costero que une la Autopista Buenos Aires-La Plata con los balnearios de la Costa Atlántica a través de las rutas 2, 11, 63 y 74.
A estos equipos de seguridad vial habrá que agregarles los que intervendrán en el Operativo Verano a cargo de la ANSV y los que decidan incorporar las provincias o municipios de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, jurisdicciones que tienen potestad para regular el funcionamiento de radares-cinemómetros en sus corredores provinciales o municipales. Estas provincias se adhirieron con reservas a la Ley Nacional N° 26.363, de modo que pueden establecer en sus territorios juridiccionales su propio régimen.
Hay radares desplegados por rutas que cruzan Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. La Agencia Nacional de Seguridad Vial añadió nuevos dispositivos en el transcurso del año (el verano pasado tenía 60 homologados) y durante la semana lanzará el Operativo Verano 2019, que estima incluir, al menos, cuatro radares móviles en rutas nacionales: en enero y febrero de 2018 se sumaron controles en Lezama, Pinamar, San Rafael y la Ruta Nacional N° 188.
"En todo el corredor costero hay 54 dispositivos que son de jurisdicción provincial o municipal", confirmó Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial de CECAITRA, una asociación civil que nuclea a empresas proveedoras de equipos tecnológicos, software y servicios relacionados a la seguridad vial. La Cámara de Empresas de Software Vial es la encargada de estudiar dónde y cómo es menester instalar un cinemómetro. Con información provista por el Estado (estadísticas de accidentología, ingresos en hospitales de las zonas, datos de la ruta -estado de la calzada, sentidos de circulación, curvas cercanas, cantidad de luz-), el organismo realiza un relevamiento de la traza y un análisis de puntos negros, y entrega una conclusión al órgano estatal. El objetivo es reducir las tasas de accidentes y bajar los índices negativos en materia de seguridad vial.
Los 54 radares están distribuidos en 20 puntos estratégicos, instalados en uno o ambos sentidos de la ruta y en uno o más puestos de control. Controlan que los conductores circulen a velocidades superiores a 60 km/h e inferiores a 130 km/h, según su ubicación. En la ruta que une la Capital Federal con Mar del Plata, es necesario atravesar 17 equipos de medición. Para llegar a Pinamar desde el mismo destino, hay que superar 18 puestos. Y para ingresar al Partido de La Costa, son 19 los radares que evaluarán los excesos de velocidad de los turistas.
"Las zonas en las que se colocan no son arbitrarias o al azar, corresponde a un intenso trabajo que evalúa por qué ocurren tantos accidentes. Para combatir esta situación se realizaron tareas a mediano o largo plazo. Se actuó en consecuencia junto a los entes estatales. Más allá de la infracción per se, estas herramientas salvan vidas. Además, generó un cambio de idiosincrasia de la persona que va a veranear a la Costa: viaja con otra conciencia, con otra mentalidad, y entiende que no va a tardar menos de cuatro horas y media", reflexionó Jaime en diálogo con Infobae.
A su vez, informó que registraron una merma considerable en la cantidad de siniestros, desde que hace casi una década comenzaron a procesar estos relevamientos. Y precisó que suministrarles a los conductores la ubicación exacta de los radares es una declaración de principios y un rasgo de honestidad. "Ahora que la conducta está en proceso de cambio, la publicación de los equipos es positiva porque alerta a los turistas. Lo que intentamos avisarles es que tengan cuidado porque estos lugares son puntos críticos. Funciona para que la conducción sea más cautelosa y precavida", explicó.
La multa por exceso de velocidad en el ámbito de la provincia de Buenos Aires puede ir de 150 a 1.000 Unidades Fijas (UF), el cálculo equivalente al precio por litro de nafta de mayor octanaje informado por Automóvil Club Argentino (ACA) con sede en la ciudad de La Plata. Si el valor de la UF al menos hasta diciembre es de $44,30, cada infracción por sobrepasar el límite permitido es de $6.645 con la posibilidad de reducir el costo a la mitad en caso de ser abonada en un plazo de 60 días.
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