La Gaceta de Tucumán,
05/5/18

Punto ciego

Hace casi un año en esta provincia se estaba discutiendo sobre el accidente de la estudiante de medicina Paula Argañaraz, atropellada en junio por un auto en la avenida Aconquija. El conductor se escapó. Era un adolescente que vivía en un country. La estudiante terminó hospitalizada y el automovilista, sometido a proceso penal, pasó unos días en el Instituto Roca y luego quedó al cuidado de un pariente. Hoy está en debate la tragedia del ciclista Marcos Diosquez, que murió el martes después de ser embestido por un auto en la avenida Mate de Luna. El conductor, Francisco Gramajo, también se escapó. Poco después el auto fue hallado y el automovilista se entregó. Diosquez es una víctima de la “tragedia nacional” de la que habló, a comienzos de año, el presidente Mauricio Macri, cuando dijo que esos argentinos accidentados “no tenían que morir” y pidió que se endurezcan las penas para los infractores. Pero después del sentido reclamo del presidente, muy parecido al del gobernador Juan Manzur de hace dos años, cuando calificó a los accidentes como “una epidemia”, el país y la provincia siguieron engrosando la cifra de tragedias viales sin que nadie explique qué se va a hacer: en dos años se vence la década en que el país se comprometió ante la ONU a bajar drásticamente la cifra de accidentes viales y esta no hace más que subir. Esa tragedia, de la que habla Macri, muestra nuestro fracaso social. Sin cambios Cualquier mirada para atrás revela ese fracaso. Hace ocho años fue embestido, en El Cristo, el canillita Raúl Pucheta. El conductor de la camioneta que lo chocó, Gonzalo Callejas (que había huido y escondido el vehículo hasta que fue delatado por un vecino) terminó condenado en 2015 a prisión condicional (cuatro años y medio) y a no conducir autos por 10 años. Para los Pucheta la pena fue leve y nadie sabe si se cumple porque no hay quién controle. La hermana de la médica Cecilia Reales, atropellada en 2009 por un jovencito en la avenida Aconquija, denunció en su momento que el conductor seguía manejando autos. Y lo que más pesa es que la condena a Callejas no parece aleccionadora para la sociedad. “Pido perdón... no soy asesino... soy buen tipo... tengo hijos... esto me va a marcar de por vida”, dijo. ¿Alguien tomó esas palabras en serio para promover un debate social? Hoy son los allegados al futbolista Gramajo los que dicen que es buen tipo, que acaba de ser padre... pero lo cierto es que entra dentro de los incursos en el peor caso de responsables de accidentes, el de los que huyen ya sea por miedo o para que no se les pueda hacer el dosaje alcohólico. Como sea, los cuatro accidentes mencionados en la línea de la avenida Mate de Luna-Aconquija a lo largo de una década, muestran que las cosas no cambian. Son un problema estructural de la sociedad. Según la ONG Luchemos por la Vida, que preside Alberto Silveira, en Tucumán hubo 395 víctimas fatales en 2017. Un 2% más que en 2016. El secretario de Transporte, Benjamín Nieva, dice que fueron 326 pero aclara que creen que Luchemos por la Vida toma mal las cifras y que quieren que se trabaje en conjunto. Algo similar dijo el año pasado. La provincia se basa en informes policiales. La ONG toma esos informes y también municipales, así como publicaciones periodísticas. Nieva especifica que es imposible que tomen cifras municipales “porque las municipalidades no llevan registros estadísticos de accidentes”, con excepción de la de San Miguel de Tucumán. A propósito de esto, el subsecretario de Transporte capitalino, Enrique Romero, dice que los percances bajaron de 1.881 en 2016 a 1.472 en 2017 en una ciudad de 360.000 autos, 140.000 motos, 1.200 ómnibus, 5.850 taxis, 6.000 camiones y 5.000 bicicletas. Romero dice que “la baja se debe al boleto escolar gratuito, la erradicación de carros de tracción a sangre, la capacitación de conductores y la mayor presencia de personal de control”. Explica que se hacen 14.000 actas por mes y que fuera de las cuatro avenidas se da un 77% de la siniestralidad. Cuando se le pregunta por qué sigue habiendo accidentes, responde que falta una ley que obligue a la educación vial, que carecemos de la percepción del riesgo y que hay una “cultura de la impunidad”. Cuando se le pregunta por qué no se aplica el sistema de radares móviles prometido hace un año, responde que se está en tratativas con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para calibrarlos. Habrá seis en las avenidas, promete. Nieva dice que la provincia hizo pruebas con radaresen la avenida Perón de Yerba Buena, en la nueva traza de la 38 y en Trancas. “Un día, de 500 vehículos había 230 con exceso de velocidad y uno pasó a más de 200 km/h”, cuenta. “Nosotros queremos hacer control para aleccionar, con radares homologados”, explica. “No se está aplicando” Pero la ANSV está en otro lado. Desde hace ocho años se ocupa del carnet de manejo nacional con la idea de poner la licencia por puntos que no se termina de implementar. El sistema ha servido más que nada para hacer infracciones y cobrar multas (si no se las paga no se puede renovar el carnet) pero no hay noticias del sistema de puntos. “Ya está el 80% del país adherido”, dice Nieva. De las 19 municipalidades tucumanas falta que se adhieran La Cocha, Graneros, Tafí del Valle, Simoca, Bella Vista (que supo tener un radar para cazar incautos en la ruta 157), Trancas (tierra del vicegobernador) y Burruyacu. “Tucumán está muy avanzado con la adhesión en el país”, dice el ilusionado Nieva. Pero sentencia: “el carnet por puntos no se está aplicando”. Y ya pasaron ocho años desde que se creó el sistema. Nieva critica que la ANSV tenga una base en Salta, que tiene menos accidentes y problemas que Tucumán, con la particularidad de la zafra de 15 ingenios, que durante seis meses cargan las rutas con vehículos de alta peligrosidad.